La mayoría de los deudores de La Florida saben que las instituciones financieras no emiten tarjetas de crédito hasta que los consumidores hayan aceptado una larga lista de términos. Estas condiciones a menudo incluyen disposiciones que requieren que cualquier disputa de alivio de la deuda se resuelva mediante un arbitraje vinculante. Los prestamistas prefieren el arbitraje porque es menos público, menos costoso y más predecible que el litigio tradicional. Sin embargo, los grupos de cabildeo han afirmado que estas disposiciones eluden a los tribunales y son injustas para los consumidores.
Esta crítica ha sido particularmente severa cuando las cláusulas de arbitraje han impedido que los consumidores presenten demandas colectivas. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor abordó este tema el 10 de julio al emitir una nueva regla. Bajo la nueva regla de la CFPB, los prestamistas aún pueden incluir cláusulas de arbitraje en sus términos y condiciones, pero ya no pueden usarlas para frustrar un litigio de acción de clase. Los opositores a la regla dicen que los abogados litigantes serán sus principales beneficiarios, ya que la resolución de disputas en los tribunales generalmente lleva más tiempo y cuesta más.
Un informe publicado por la CFPB en 2015 reveló que los acuerdos de arbitraje son favorecidos por los bancos que representan 44 por ciento de los depósitos asegurados de la nación y las compañías de tarjetas de crédito que poseen más de la mitad de toda la deuda renovable. La nueva norma CFPB es la última de una serie de esfuerzos de legisladores y reguladores para reducir el arbitraje obligatorio. El Congreso ya ha actuado para prohibir estas cláusulas en los acuerdos hipotecarios y los contratos de préstamo celebrados con miembros del ejército de los EE.UU. La nueva regla de arbitraje debería entrar en vigor en aproximadamente ocho meses, según la CFPB.
Los prestamistas pueden ser esencialmente difíciles de tratar cuando los consumidores se retrasan en sus pagos. Las acusaciones de acoso y abuso a menudo se dirigen a los cobradores de facturas, y los reguladores con problemas de liquidez no siempre pueden hacer cumplir las disposiciones de las leyes de protección al consumidor, como la Ley de prácticas justas de cobro de deudas. Los abogados con experiencia en alivio de deudas podrían explicar a las personas que luchan con situaciones financieras inmanejables, cómo la presentación de bancarrota personal brinda la oportunidad de un nuevo comienzo.
